Para entender los linchamientos

“Casi linchan a varón en Feria del Altiplano”. “Ladrona se salva de linchamiento”. “Linchan a delincuente por robar cables de energía”. “Otro intento de linchamiento en Juliaca”. ¿Le suena familiar? ¿Se ha despertado alguna vez y la primera imagen con la que inició el día fue una persona amarrada a un poste, semidesnuda, con signos de haber sido golpeada, bañada en kerosén o gasolina, con un grupo de personas que de manera amenazante hacen el ademán de lanzar un fósforo que permita concluir la lección transmitida ese día? Este artículo busca presentar un par de claves para poder contextualizar esta práctica, la cual se apoya en una pretendida idea de ‘justicia popular’ eficaz (ya que consigue objetivos, los cuales van desde dejar una impronta en el supuesto ladrón que lo comprometa a no delinquir nunca más hasta el extrema de la eliminación física) y eficiente (ante la carencia de recursos orientados a la seguridad, nada mas inmediato que hacer justicia con ‘nuestras propias manos’).

Una primera clave es ‘culturalizar’ los linchamientos de manera general. ¿Qué pretendemos decir con ‘culturalizar’? Pues aquí estamos tomando la definición de cultura que brinda la antropología, esto es, como modo de vida, creencias, costumbres de un determinado grupo humano. Es decir, si pretendemos explicar todos los linchamientos como una práctica ancestral, tradicional y cultural de aquellos grupos que la utilizan con cierta recurrencia, podemos caer en explicaciones simplistas, parciales y cargadas de estereotipos peligrosos que muchas veces son la puerta de entrada a los prejuicios y la discriminación. El antecedente mas importante en leer los linchamientos desde la ‘cultura’ de un pueblo es el caso del asesinato del alcalde de Ilave, Cirilo Robles, hace ya 7 años. Aunque con el paso del tiempo se ha podido descubrir que detrás de este acto hubo una velada venganza política, manipulación de masas, exposición innecesario al peligro y los más grave, acusaciones de malversación que finalmente se demostró que no existían, las explicaciones que se ensayaron fueron de todo tipo, insistiendo en aquellas que recogían una supuesta agresividad innata de los pobladores de esta zona altiplánica pertenecientes al grupo étnico aymara.

De manera acertada, la antropóloga Gisela Cánepa (1) da cuenta de una serie de sesgos en el tratamiento de este suceso, en particular por parte de los medios de comunicación: “Sucedido el linchamiento del alcalde de Ilave, Cirilo Robles Callomamani, los medios escritos, radiales y de televisión inmediatamente invocaron la voz de los antropólogos —en general pocas veces invitados a opinar sobre la coyuntura nacional e internacional— para que explicaran lo que había sucedido allí.” Siguiendo con Cánepa: “…cuando se pide la opinión de los antropólogos para referirse a un grupo humano y a un conjunto de hechos en particular (en este caso el linchamiento del alcalde Robles), lo que se está asumiendo a priori es la condición tradicional de estos, así como su situación marginal a los grandes procesos históricos y al desarrollo de las instituciones modernas, atribuyéndoseles además un comportamiento irracional y violento, censurable por la razón.” Agrega que “…toda acción dominada por la razón cultural es fácilmente asociada a acciones masivas y anónimas (su sujeto es la turba) irracionales y sin propósitos (como la “ira aymara”). Preguntamos: ¿Cuántas veces se ha recurrido a una explicación de este tipo para los linchamientos ocurridos, aún cuando estos ocurren en el ámbito urbano?

Una segunda clave que se utiliza con frecuencia para entender los linchamientos es despolitizar los hechos. Siguiendo con el caso anterior, una explicación que pretendía resumir lo ocurrido en Ilave era “la ausencia de Estado”. Sin embargo, como bien refiere Cánepa: “…el solo hecho de que la persona asesinada haya sido el alcalde de Ilave ya nos indica que tal afirmación tiene que ser problematizada. Considero que este argumento es además problemático porque fácilmente se asocia con argumentos, también ampliamente esgrimidos en el debate público, según los cuales el problema de Ilave —y el de otros lugares en Puno y el Perú— se origina porque tenemos un Estado débil. Las posibles soluciones entonces se formulan como soluciones técnicas, es decir, policiales y militares, lo que rápidamente se traduce en la exigencia por un Estado y gobierno autoritarios, en vez de con autoridad y legitimidad.” En muchos de los linchamientos que ocurren en el ámbito urbano, la policía llega para ‘salvar’ al delincuente y ponerlo fuera del alcance de la turba. Sin embargo, no se ha reparado en que la queja más frecuente de los vecinos no es la ausencia de policía en la zona, sino más bien la poca eficiencia de la misma o las limitaciones de carácter legal en sus atribuciones. Si la policía ‘suelta’ en pocas horas y el acusado vuelve a delinquir, ¿Se ha hecho verdaderamente justicia?

Esto último constituye un llamado de atención a las instituciones que velan por la seguridad y la aplicación del derecho en nuestro país ¿en que medida están atendiendo el llamado de la ciudadanía, que frente a la inacción de ellas, se organiza y trata de afrontar un problema? Desgraciadamente, los métodos para atenderlo casi nunca son adecuados ni respetan un conjunto de garantías mínimas que protegen la integridad del ser humano. Mientras nuestras instituciones no reflexionen seriamente sobre este problema, acudiéremos con mayor frecuencia a modernos casos de ‘fuente ovejuna’.
(1) En QUEHACER, publicación del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo de
DESCO. “Furia Roja”, n° 148, julio del 2004.