Ley universitaria: ¿oportunidad?

¿Es la nueva ley una oportunidad? ¿Es una ley de carácter intervencionista disfrazada de buenas intenciones? ¿Qué intereses hay de por medio? ¿Es posible pensar en un cambio para la universidad? ¿Qué papel debería jugar la universidad en nuestra sociedad en este siglo XXI? Estas son algunas de las preguntas que vengo haciendo y haciéndome desde hace varias semanas frente a una inminente aprobación y posterior promulgación de una ley muy esperada en la comunidad universitaria, pero que ha generado pronunciamientos por un lado, marchas y enfrentamientos por otro, sospechas de diverso tipo sobre los fines últimos de esta ley.

Partamos de una pregunta, ¿Cómo esta la universidad en el Perú? Muchos jóvenes y sus familias siguen percibiendo a la universidad como una aspiración deseable, que puede brindarles una oportunidad de formación profesional y servir como vehículo de asenso, es decir, poder alcanzar una mejor posición no solo económica, también cultural y social. Sin embargo, los datos estadísticos reflejan no solo una serie de debilidades, tareas pendientes nunca solucionadas, pero especialmente brechas entre universidades de provincia y de Lima, entre universidades públicas y privadas, entre universidades nacionales y extranjeras. Veamos algunos datos.

Actualmente existen 137 universidades, 51 públicas y 86 privadas. Del año 1997 al 2012 se han creado 79 universidades (56 privadas y 23 públicas). Es decir, en los últimos dieciséis años se ha creado casi el 60 % de las universidades que actualmente están en funcionamiento. Desde una perspectiva optimista se podría sacar la conclusión que este dato refleja las bondades de una libre mercado en educación que ha reconocido una necesidad que esta atendiendo desde el ámbito público, pero especialmente desde el ámbito privado, pero no todo lo que brilla es oro.

Según el SIR World Report 2012 cuyo ranking mide a las organizaciones dedicadas a la investigación en función de un criterio tan simple como revelador: el número de documentos y/o artículos científicos producidos. El primero en el ranking es el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia que entre el año 2006 – 2010 ha producido 202,854 documentos. ¿Cuál es la latinoamericana más cercana? La Universidad  de Sao Paulo con 44,619 documentos. ¿Cuál es la peruana mejor rankeada? La Universidad Cayetano Heredia en el puesto 2,565 con 832 documentos. En el Ranking Mundial Shangai del año 2012, en el TOP 500 solo figuraban 10 universidades latinoamericanas: 6 brasileñas, 1 argentina, 1 mexicana y 2 chilenas. La brecha, como es posible apreciar, es bastante profunda y solo se podría enfrentar con una política clara en educación superior que involucre a públicos y privados. En nuestro país aumentó la oferta en educación superior, pero esto un fue de la mano con la calidad. 

¿Es la presente ley una oportunidad? Pues una de las primeras bondades de la ley y uno de los pocos puntos en los que nos poníamos de acuerdo con un estudiante universitario (muy crítico con la actual propuesta), es que gracias a la ley, después de mucho tiempo, nos habíamos detenido a pensar en la universidad. Las preocupaciones más importantes tienen que ver con la autonomía que perderían las universidades al crear la Autoridad Nacional de Educación Universitaria (ANEU). Las críticas mas importantes a esta institución tienen que ver con su dependencia directa del ejecutivo a través del Ministerio de Educación, la composición de su consejo, que haciendo sumas y restas por la procedencia y el tipo de elección de sus representantes podría ser manipulable desde el gobierno de turno y desde el sector privado, las atribuciones que poseería la ANEU que van desde la creación hasta la cancelación del funcionamiento de universidades. Otros puntos de la ley especialmente sensibles tiene que ver con la gratuidad de la enseñanza, el derecho a la protesta, la acreditación universitaria, la elección universal de autoridades y solucionar el problema de los alumnos eternos que ingresaron a la universidad pero nunca salieron.

¿Son válidas las sospechas? La relación Estado – Universidad en nuestro país siempre ha sido muy tirante. Precisamente la figura de la autonomía buscaba enfrentar posibles injerencias estatales y brindar a la universidad una suerte de protección que le permita conservar una serie de libertades, entre ellas, la de pensamiento. Sin embargo también es importante mencionar que esta autonomía, se ha convertido en autarquía, es decir, las autoridades de turno asumen que pueden convertir la universidad en un pequeño feudo, donde ellos son amos y señores de todo lo creado y de lo no creado, también.     

El tema es bastante complejo, tiene diversas dimensiones (económica, política, educativa, social) pero también muchos intereses en juego, provenientes del sector privado pero también de grupos organizados que buscan mantener el status quo, es decir, que no cambie nada. Seguiremos conversando.   

A propósito de la nación

Estamos muy cerca de celebrar un nuevo aniversario patrio y cumplir 192 años de vida republicana. Sin embargo, muchas preguntas siguen despertando el interés tanto de investigadores como de ciudadanos que observan críticamente nuestra sociedad. Una de estas preguntas tiene que ver con los procesos de construcción nacional que llegaron con la independencia y como estos, en el caso del Perú, han seguido sendas diversas, incluyentes en algunos casos (esta progresiva inclusión de ciudadanía en nuestra historia), excluyentes en otros (el idioma o la tradición cultural en que medida sigue estableciendo categorías entre los peruanos). Sin embargo, sugiero que partamos de una pregunta que parece sencilla, pero en realidad es bastante compleja: ¿Qué es la nación?

Una de las respuestas más completas la propone el filósofo mexicano Luís Villoro, quien afirma que nación es un grupo humano que debe cumplir 4 características: ser una comunidad de cultura, tener sentido de pertenencia, vínculos con un territorio determinado y poseer un proyecto común. Veamos cada una de ellas. Una comunidad de cultura significa que la nación no es un simple agregado de individuos (como algunos liberales en algún momento quisieron entenderlo) sin historia y sin rasgos que los distingan de otras comunidades. Precisamente esta comunidad tiene en común varios elementos que la hacen particular: idioma, historia, tradiciones, valores compartidos, etc. Este conjunto de elementos compartidos nos pueden llevar a la segunda característica que propone Villoro que tiene que ver con el sentido de pertenencia. Antiguamente, el lugar de nacimiento condicionaba este sentido y era excluyente. Ahora, se ha llegado a la conclusión que este sentido no esta determinado por el lugar donde uno nació, sino también es posible construirlo. Pensemos en aquellas personas que hicieron patria en un lugar distinto al que nacieron. Desde la propuesta de Villoro ellos también forman parte de la nación.

Toda nación debe tener vínculos con un territorio determinado, ya que este no es solo un espacio material que se ocupa y permite desarrollar una serie de actividades. Es también fuente de identidad, relación con el pasado, patrimonio heredado y proyección al futuro. Villoro menciona como excepción al pueblo palestino, que si bien por razones políticas no cuenta con un territorio soberano, su lucha desde hace varias décadas tiene con fin poder poseerlo. Finalmente una nación también es proyecto común y compartido. La nación permite vincular mi proyecto individual con otro más grande que tiene que ver con el colectivo. Es la posibilidad de proyectarnos en el futuro y reconocernos en ese escenario, no solo como testigos pasivos, sino como actores protagónicos y comprometidos.

Ahora bien, veamos nuestro caso. ¿Somos una comunidad de cultura? Pues aunque existen elementos, símbolos, tradiciones que tienen carácter nacional (idioma castellano, la bandera nacional, el deporte) también existen manifestaciones culturales que aunque no tengan este carácter nacional, tienen una fuerte presencia regional y siguen siendo fuente de sentido en estas comunidades. Estas identidades regionales también se expresan en un sentido de pertenencia, es decir, no solo me identifico con esta comunidad más grande llamada Perú, también desarrollo vínculos muy fuertes con mi región, mi provincia, mi comunidad, incluso de manera especial en aquellas a las que el Estado históricamente les ha dado la espalda.

Los vínculos con el territorio son claves para entender la existencia de comunidades indígenas, pueblos nativos, que valoran su territorio no solo como una fuente inagotable de recursos que les permiten vivir (o en algunos casos sobrevivir), es también la tierra de sus ancestros, la base de su organización social, el lugar donde han nacido y donde pasaran a vivir en comunión con la naturaleza. Esta racionalidad, como hemos observado en reiteradas ocasiones, ha generado desencuentros con esa otra racionalidad de algunas autoridades, antropocéntrica y utilitarista, que instrumentaliza la naturaleza y el territorio y lo convierte en un producto que se puede comprar y vender.

Finalmente el proyecto compartido es la gran pregunta que podemos hacernos los peruanos. ¿Hemos logrado tener un proyecto de nación? ¿Pudimos ponerlo en marcha? ¿Quiénes lo propusieron? ¿Incluía a “todos” los peruanos? ¿Reconocía estas diferencias culturales? Desde hace mas de veinte años, el proyecto que nadie parece discutir (aunque ello no lo hace necesariamente compartido) tiene que ver con el modelo económico que no se cuestiona, que ha dado resultados, pero que sin duda puede ser mejor y debe complementarse con otras dimensiones también importantes en la marcha de toda nación: la dimensión social, cultural, ciudadana y política. ¿Es posible pensar en un proyecto que no solo convoque, inspire, anime e impulse nuestras capacidades que vaya más allá de lo económico? ¿Un proyecto que no solo reconozca la diferencia, sino especialmente el ‘derecho a la diferencia’ a estas pequeñas naciones que existen dentro de una mas grande? Han pasado casi 200 años, es hora de hacer la tarea.     

Tres apuntes independientes

Estando a pocos días de celebrar el aniversario de la independencia del Perú y tan solo a 8 años de cumplir 200 años de vida republicana, una serie preguntas parecen nuevamente asomarse intentando buscar respuesta al modo como se construyó la nación en nuestro país. Esta en esta mirada tres textos parecen establecer preguntas claves sobre nuestro ser republicano, un ser que algunos insisten en presentarlo como inacabado, como un proyecto inconcluso, como una tarea, como una promesa. Los trabajos de Alberto Flores Galindo (La tradición autoritaria), Heraclio Bonilla (La independencia en el Perú) y de Scarlett O’Phelan (El mito de la independencia concedida) parecen reconocer y preguntarse sobre algunos de esos momentos de nuestra historia que nos han marcado como colectivo y que aun no parecen encontrar consensos mínimos que permitan presentar una historia nacional que incluya las varias historias que la componen. Veamos.

El trabajo de Flores Galindo recoge este momento de transición entre el paso de la colonia a la república. Presenta una situación de desgobierno en 1822, casi un año después que José de San Martín proclamara la independencia. Un país en pie de guerra, menciona Flores Galindo, con el centro y el sur del país ocupado por realistas, un congreso constituyente con una representatividad cuestionable (de 79 diputados representantes de las provincias de entonces solo estaban presentes 51) y un ex conspirador elegido primer Presidente de la República (José de la Riva Agüero), depuesto en 1823 y condenado a muerte por Bolívar, que tuvo que huir a Europa. Pero no solo este caos generaba muestras de pesimismo sobre el futuro de la naciente república. El autor recoge las palabras de Bernardo de Monteagudo, Ministro de Guerra y Marina de José de San Martín, quien en 1823 escribía: “Las relaciones que existen entre amos y esclavos, entre razas que se detestan, y entre hombres que forman tantas subdivisiones sociales, cuantas modificaciones hay en su color, son enteramente incompatibles con las ideas democráticas.”

¿Era nuestra sociedad incompatible con la propuesta democrática recién adoptada? ¿La convivencia imposible y la igualdad tan solo un ideal poco aplicable dentro de una tradición marcada por las jerarquías y las diferencias entre diferentes grupos sociales? ¿Era posible construir un Estado sobre bases coloniales tan frescas y poco dispuestas al cambio? Monteagudo, siguiendo con Flores Galindo, pensó en un camino intermedio, el cual era imaginar un Perú regido por una monarquía constitucional. Incluso traer un príncipe europeo que apoyado por una asamblea nos ayudara a transitar de manera menos traumática entre el régimen colonial y el republicano. Sus ideas fueron rechazadas de plano por los criollos que buscaban borrar cualquier símbolo colonial y encontraría la muerte en un oscuro callejón de Lima en 1825.

El trabajo de Heraclio Bonilla, hace 41 años, generó una polémica que aún es vigente porque planteaba una de esas preguntas que parecen no tener una respuesta única o cuya respuesta no parece dejar satisfechos a todos: ¿Quién obtuvo la independencia del Perú? En 1971 y con motivo de cumplirse los 150 años de la Independencia nacional, se desarrollo una producción inusitada de textos y material educativo que tenían como denominador común  presentar la independencia de nuestro país como un hecho netamente nacional, producto de una “toma de consciencia” colectiva de diversos actores sociales que reconocen la necesidad de desligarse de la metrópolis. Bonilla, en un texto publicado en 1971 cuestiona esta idea y concibe el proceso de independencia como “concedido más que obtenido”. No concibe la independencia como un proceso nacional al indicar que no todas las regiones la buscaban. Es cuidadoso al hablar sobre esta “toma de consciencia” que es la base del proceso emancipador, al presentar más bien una sociedad colonial estratificada y fragmentada, donde indígenas y mestizos estaban en el fondo de la pirámide social y con nulas posibilidades de ascenso.

Finalmente tenemos el trabajo de Scarlett O’Phelan, quien cuestiona la tesis de Bonilla de la independencia concedida otorgándole el carácter de ‘mito’. En este trabajo  O’Phelan afirma que si bien los diversos intereses tanto capitalinos como provincianos en relación con la independencia deben ser matizados, insiste en la figura del sur andino para poder entender la dinámica social de la protesta frente al poder colonial. Un factor clave para entender las motivaciones del bloque sur andino para romper con la colonia tenía que ver con el eje económico formado entre Alto y Bajo Perú a partir de la explotación de las minas de Potosí, que consolidaron económicamente a la región y a sus elites. Esta autonomía económica debía complementarse con autonomía política que implicaba no solo romper con la metrópoli, sino también con Lima y un centralismo que buscaba posicionarse.  

Tan solo tres apuntes de los muchos que se han escrito y de los están por escribirse. Esta mirada sobre nuestro nacimiento como república es una tarea que no solo le hace preguntas al pasado para poder entender un poco mejor nuestro presente. También es una oportunidad para terminar de construir aquello que parece incompleto y cumplir una vieja promesa republicana pendiente.

La consulta previa

Cuando en agosto de 2011 se aprobó la Ley de Consulta Previa (LCP), promulgada posteriormente en Bagua en setiembre de ese mismo año (lugar de un alto contenido simbólico por los sucesos de junio de 2009), el Estado peruano a través del recién estrenado gobierno de Ollanta Humala parecía finalmente reconocer la necesidad del diálogo para prevenir futuros conflictos sociales. Sin embargo, aquello que se presentaba como una oportunidad parece en menos de dos años haber pasado a ser, desde la perspectiva del gobierno, una traba en contra del crecimiento y la inversión económica.

Recientemente el ejecutivo ha rechazado la consulta realizada hace tres meses para el proyecto Pucamarca en Tacna. El palabras del Premier Juan Jiménez y del Ministro de Energía y Minas Jorge Merino, la consulta solo es aplicable en comunidades indígenas. Además insistieron en que la consulta solo se realiza antes que la empresa inicie sus actividades. De los 41 060 votos que se emitieron en la consulta del 5 de mayo, el 96,5 % dijo no estar de acuerdo con el proyecto ubicado en la cabecera de una cuenca. La principal preocupación es que el proyecto contaminara el cauce del río Uchusuma, que es la principal fuente de agua para la provincia de Tacna. Además, la inquietud por el uso de cianuro para recuperar el oro que podría contaminar el medio ambiente y afectar la salud de la población.

Sin embargo, hay varias interrogantes que parecen desprenderse de esta información. Para empezar ¿Qué es la consulta previa? La consulta previa nace con el Convenio 169 de la OIT, aprobado en 1989 y ratificado por el Perú en 1994. Es el derecho a los Pueblos indígenas (PPII) u originarios a ser consultados de forma PREVIA, sobre las medidas legislativas o administrativas que puedan afectar directamente sus derechos colectivos sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde hacer la consulta respecto de los planes, programas  y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos.

Cuando la ley se promulgó, varios sectores que veían comprometidos sus intereses  insistían en el carácter no vinculante de esta consulta. Sin embargo, la finalidad de la consulta es que mediante el dialogo intercultural se pueda lograr un acuerdo o consentimiento entre los pueblos indígenas y el Estado. Además garantizar la presencia de los PPII en los procesos de toma de decisiones que los puedan afectar directamente. Es decir, mas que un proceso de consulta que puede ser tipificado como un procedimiento mas, la consulta previa busca generar las condiciones para que los diferentes actores involucrados puedan sentar las bases de una relación cordial y donde sus diferentes intereses no se opongan. Eso parece haberlo olvidado el ejecutivo que lo encasilla como un formalismo necesario pero que en la práctica no parece obligar al Estado a nada.

Un segundo punto interesante tiene que ver con la frase: “la consulta solo es aplicable a comunidades indígenas” Y esto nos lleva a una serie de preguntas que desde las ciencias sociales no tienen una sola respuesta. ¿Quién es indígena? ¿Qué es una comunidad indígena? ¿Hay comunidades indígenas en la zona o como refería el Presidente Humala en una entrevista reciente ya no hay comunidades indígenas porque estas se convirtieron en comunidades campesinas desde la reforma Agraria de Velasco? Para el Convenio 169 hay dos criterios para definir quien es o no una comunidad indígena, que recibe el nombre de Pueblos indígenas en el documento. Uno es el criterio objetivo: descendencia directa, estilos de vida, instituciones sociales, patrones culturales diferentes a otras comunidades nacionales. Pero existe también un criterio subjetivo, que incluso tendría un peso mayor que el objetivo: la autodefinición, es decir, la conciencia del grupo de poseer una identidad indígena. ¿Se puede ser una comunidad indígena y campesina al mismo tiempo? Estas no serían categorías excluyentes.

La decisión final según el reglamento de LCP: “…debe estar motivada tomando en cuenta las conclusiones de la consulta previa”. El mismo reglamento afirma: “Si no se alcanzara el acuerdo o consentimiento sobre dichas medidas, las entidades promotoras se encuentran facultadas para dictarlas, debiendo adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos a la vida, integridad y pleno desarrollo(Art. 5, inciso e). Esta parte del reglamento parece ser ambigua, ya que si bien insta a garantizar medidas necesarias para proteger derechos colectivos de los PPII, la última palabra la tiene siempre y finalmente el Estado.

Si bien no hay una base de datos que indique que comunidades pueden ser consultadas y en que medida esta será una base de datos final, el gobierno parece, casi dos años después, reducir el espacio de una puerta que abrió como alternativa a los conflictos sociales de origen socioambiental. Es difícil predecir si puede y, sobretodo, si debe hacerlo.