Nadie duda que el 2010 y casi la primera mitad del 2011 serán años fuertemente marcados por uno de los mecanismos de la vida en democracia: las elecciones. Se acercan, inicialmente, las elecciones regionales y municipales, y el próximo año las elecciones presidenciales y parlamentarias. Para algunos analistas, la carrera se ha iniciado pronto, con algunas candidaturas casi oficiales y otras que han generado gran desconcierto. También se insiste en no descartar la figura de un nuevo outsider(al estilo Fujimori, Toledo o Humala), que haga su ingreso de manera súbita, con una plataforma de cambio que reciba una adhesión inusitada de la ciudadanía. Lo que no esperaban muchos analistas es que esta partida se iniciara poniendo sobre la mesa una serie de temas que, hábilmente, muchos candidatos evitan tocar, en función a su contenido moral, cultural o social son especialmente controversiales.
Uno de los temas planteados es el famoso Concordato celebrado entre el Estado Peruano y el Vaticano, el cual da cuenta de una serie de beneficios que un Estado definido como laico, es decir, independiente de cualquier organización y confesión religiosa, brinda a una iglesia en particular, la Católica (sueldos, infraestructura, exoneraciones y el deber de ‘evangelizar’ a las FF.AA. y la PNP). Sin embargo, no es solo este acuerdo el pretexto adecuado para reflexionar sobre la relación religión y política. También lo son otros temas, que de tanto en tanto irrumpen en la esfera pública, generando encendidos debates de uno y otro lado. Temas como el matrimonio entre homosexuales, el aborto, la eutanasia, la despenalización de las drogas, han sido dotadas por un sector importante de la iglesia no solo de un carácter moral cristiano, sino especialmente de un carácter doctrinal, el cual, de manera inmediata las aparta del debate publico ya que la doctrina, al ser inspirada por Dios, no se discute.
Sin embargo, quedan algunas preguntas ¿Cuan relevante a nivel político, es decir para todos los ciudadanos, debe ser la opinión de una iglesia en particular? ¿Cuan importante es que los temas mencionados sean discutidos, quitándoles esa suerte de dogmatismo que los recubre, que parece guiar a legisladores de uno y otro credo? ¿Cuan cercana es la presencia de la religión en la política a pesar de la insistencia en conceptos como Estado laico, libertad de culto y no discriminación? ¿Quién influye a quien? o ¿Estamos hablando de dos esferas impermeables a las influencias de uno y otro lado?
Es importante indicar que tanto la religión (para los creyentes) como la política son dos espacios fundamentales en nuestra vida, tanto pública como privada. También es importante precisar que podemos percibir no solo puntos de encuentro (o desencuentro), sino también contradicciones y temas no resueltos. Sea a través de corrientes ideológicas (como la Teología de la Liberación y su opción preferencial por los pobres), a través de rostros concretos (Gustavo Gutiérrez, Marco Arana, o, a nivel latinoamericano, Fernando Lugo o Leonardo Boff) o mediante cambios sociales u estructurales (la llamada iglesia progresista, el apostolado social o las comunidades de base) son innegables los puntos de intersección entre una y otra.
Aunque en la modernidad trata de separar ambos espacios con ideas como Estado laico (público) y religión (privado) y se inicia un proceso pocas veces entendido como la secularización, identificado erróneamente como una suerte de pérdida paulatina de la espiritualidad religiosa en los fueros de la sociedad postilustrada, podemos percibir que los vasos comunicantes entre una y otra dimensión están presentes. Es más, para Gonzalo Gamio, más que separar artificialmente una y otra, la relación moderna entre religión y política se apoya en la “…estricta responsabilidad de los agentes respecto de sus acciones al interior de su morada (ethos). Nos remite a aquello que construimos en el mundo contingente y vulnerable de nuestras instituciones, acciones y discursos”. Es decir, antes que una invitación a huir del mundo, del tipo medieval, es una a estar en el mundo y comprometerse con el. Si bien se desacraliza el poder asumiendo que su fuente no proviene del designio de un ser superior sino de la voluntad popular, esta separación apunta a “…proteger de toda ‘intervención tutelar’ el discernimiento público del ciudadano, así como procura garantizar la libertad de cada individuo para decidir creer (o no creer) sin coacción alguna.”
Finalmente, Jean Yves Calvez propone dos ideas a tener en cuenta en esta compleja relación. Inicialmente establecer una distancia prudente con la autoridad política. Las autoridades religiosas no deben aprovechar del poder político para cuestiones de conciencia o de doctrina religiosa. En segundo lugar propone distinguir bien entre mis convicciones, que tienen que ser plenamente libres y que debo poder expresar donde me quieran escuchar, y lo que es el trabajo político parlamentario como legislador. Para seguir reflexionando sobre ello pero en clave ciudadana, es decir, quitando la etiqueta de universal a aquello que es particular, buscando la argumentación y debate en aquello que pretende ser disfrazado de dogma y asumiendo que la vida en sociedad implica respetar, tolerar y conocer aquello que no por ser diferente, es menos valioso.
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