jueves, 5 de marzo de 2009

Educación, salud, justicia y seguridad: ¿Y las reformas?


Casi a mitad de camino, es importante detenerse y preguntar no solo cuanto falta para llegar, sino también mirar hacia atrás para ver el camino recorrido. Y si bien lo andado puede ser significativo, ello no implica que el trecho avanzado no haya podido ser mejor, especialmente si el viajero de turno estuvo de acompañado de buen clima, dinero en el bolsillo, buenas provisiones y un camino con ciertos baches pero sin ningún obstáculo significativo. Con tanto a favor ¿pudo nuestro viajero haber avanzado más? Esta figura nos servirá para acercarnos brevemente a cuatro áreas cuyas urgencias contrastan con la atención no solo política, sino también mediática que reciben, tratando de evaluar lo andado a mitad de gobierno: la educación, la salud, la justicia y la seguridad.

A nivel educativo la ley de la carrera pública magisterial, las evaluaciones a los docentes y la disputa SUTEP – Ministerio de Educación parecen haber perdido el espacio mediático del que gozaban hace un tiempo. Sin embargo, los viejos problemas de nuestra educación persisten, tal vez esperando que la próxima disputa les permita irrumpir nuevamente en la escena pública. Aún cuando se habla de la “transformación invisible de la educación”, varias preguntas pendientes siguen sin ser respondidas: ¿en que medida la confrontación no terminó mellando la institucionalidad de este sector? ¿Las acciones emprendidas cuanto han mejorado nuestro sistema educativo? ¿Cómo se pretende enfrentar los grandes problemas de este sector: corrupción, ineficiencia, burocracia y falta de motivación? Parece lugar común afirmar que la clave del desarrollo de un país en buena parte reside en afianzar el capital humano de su población, es decir, su educación. Esto permite a un estudiante con buena formación tener mayores opciones laborales y personales. Al parecer, esta educación liberadora que desarrollo capacidades para generar oportunidades aun parece alejada.

La salud es otro de los grandes sectores desatendidos. La estrategia emprendida desde este sector fue similar al de la educación, buscando debilitar y deslegitimar a cualquier otro actor que pudiera hacer sombra al ministro de turno. Sin embargo, los problemas de cobertura, acceso, atención y calidad siguen presentes, ajenos al avatar político del día a día. Los intentos por mejorarlo solo parecen ser paliativos frente a la problemática existente. Es pertinente recordar que en la administración moderna no se trata exclusivamente de mejorar los procesos existentes, sino mas bien preguntarse si estos son los adecuados y responden a las necesidades de la población que busca atenderse. Nuevamente el árbol llama nuestra atención, en lugar del bosque.

De manera similar a los sectores anteriores, el sector justicia solo parece atraer nuestra mirada cuando salta algún escándalo o la amenaza de huelga de los servidores es inminente. Los diagnósticos sobre sus problemas parecen siempre coincidir: elevada carga procesal producto de una alta cultura litigiosa, red burocrática densa, procesos largos y anodinos, sin olvidar la corrupción presente en sus distintos niveles. Es importante reconocer, además, las barreras que menciona Wilfredo Ardito en el acceso a la justicia en el Perú: económicas, lingüísticas, geográficas, culturales y documentales. (1) Aún reconociendo la problemática existente, muchas autoridades parecen haber renunciado a iniciar reformar profundas, sostenibles y transparentes.

Finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos a la seguridad ciudadana como una de las preocupaciones más importantes de la población. No solo parece tratarse de asaltos, secuestros, robos, etc. Es también ese aspecto que parece intangible pero que sin duda es importante: la sensación de inseguridad que padece la ciudadanía. Esta no solo es reconocible a través del miedo de salir a la calle a ciertas horas y en determinadas zonas. Esta sensación va minando un elemento poco valorado en nuestra sociedad que es el capital social. Bernardo Kliksberg lo define como esa capacidad de asociatividad basada en el clima de confianza que desarrolla una sociedad. Todo ello aunado a la conciencia cívica y a los valores socialmente compartidos que manifieste y que permitan consolidar redes fuertes entre el Estado, la sociedad civil y la empresa privada. En una sociedad donde casi todos se miran con recelo, casi preparados para defenderse y luego atacar (o viceversa) este tipo de capital se ve seriamente reducido.

Dos anotaciones finales. Si bien algunos de estos problemas tienen carácter sectorial, es innegable el nivel estructural de varios de ellos. La corrupción y la ineficiencia, al no ser característica de un ministerio en particular, requieren propuestas articuladas de reforma que involucren a todo el sistema. En segundo lugar, volviendo a la metáfora que utilizamos al inicio de este artículo y buscando no caer en el pesimismo siempre tentador y autosuficiente que asoma cada vez que pensamos en el país, no podemos negar el trecho avanzado, pero es también vital no olvidar lo que nos queda por recorrer y las necesidades por resolver en este largo camino.
(1) Ardito, Wilfredo. Perú: acceso a la justicia. En: http://www.servindi.org/actualidad/2495 (Última consulta: 26 de febrero de 2009)

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