“Vivimos el periodo más prolongado de democracia en América Latina. Nunca, desde la independencia, tantos países de nuestra región han vivido en democracia sin interrupciones dictatoriales por tanto tiempo. A su vez, nuestra democracia es singular: somos al mismo tiempo una región democrática y la más inequitativa del planeta.”(1) Con estas líneas, pertinentes creo yo, en medio de conflictos internos y casos de corrupción, se inicia la reflexión sobre la democracia Latinoamericana en un informe que lleva precisamente por título Nuestra democracia y que ha sido presentando en octubre pasado en México por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Inicialmente el informe reconoce tres desafíos a los que se debe hacer frente en nuestra región: articular nuevas formas de participación política para contrarrestar la crisis de representación; fortalecer la organización republicana del Estado, es decir, la independencia de los poderes, su control mutuo y las instancias de rendición de cuentas, e incrementar, en el marco de dichos controles republicanos, el poder político real del Estado. Al mismo tiempo, hace hincapié en que una democracia electoral no es suficiente y va más allá de las elecciones. Una verdadera democracia debe ampliar la ciudadanía en sus tres dimensiones: civil, política y social. De igual manera y también en relación con la democracia electoral, en la que se ha avanzado notablemente, advierte que la democracia no solo se define por su origen (poder en la soberanía popular), sino también por su ejercicio(instituciones y Estado de derecho) y por su finalidad (garantizar, materializar y extender derechos en las tres dimensiones ya indicadas)
En relación con los derechos políticos, a través de las conocidas Leyes de cuotas, Latinoamérica ha logrado mejores niveles de acceso y participación para sectores tradicionalmente marginados: mujeres e indígenas (no hay datos sobre jóvenes) En el caso de las mujeres, el porcentaje de representación de las mujeres en la región es 20,1% (Perú: 27, 5 %) y en el caso de los indígenas es el promedio de representación mas alto lo tiene Bolivia: 43,8 % en la cámara baja. Perú viene más atrás con 5, 83 %.
En relación con los Derechos económicos sociales y culturales (DESC), denominados derechos de segunda generación, nuestra región si bien presenta un mejor desempeño del Estado en la atención de un conjunto de necesidades apremiantes de la población, también muestran tareas pendientes que no pueden seguir postergándose. Por ejemplo en relación con la salud en nuestra región, la tasa de mortalidad ha descendido en todos los países de nuestra región, solo Costa Rica mantiene el mismo índice, pero a favor suyo cabe indicar que es el segundo mas bajo de la región, solo siendo superado por Chile. En el caso del Perú, este ha descendido de 39 por cada 1000 nacidos vivos en el 2001 a 24. Sin embargo, si bien la tasa de mortalidad ha descendido, la desnutrición parece haberse convertido en el enemigo de las nuevas generaciones. Nuestro país presenta la segunda tasa más alta de la región con 30 % de desnutrición infantil para menores de 5 años de edad. Solo es superado por Guatemala que presenta un alarmante 54 %.
Finalmente, el informe presenta una encuesta en relación con el poder en nuestra región. Frente a la pregunta ¿Quién ejerce el poder en la región? La mayoría respondió que los grupos económicos, empresarios y el sector financiero (79,7 %). Los medios de comunicación no han perdido su lugar y han ratificado ser el ‘cuarto poder’ con el 65,2 % de las menciones. La iglesia ocupa un interesante tercer lugar con 43,8 %, cifra que seguramente es marcadamente menor comparada con percepciones de hace algunos años atrás, en los que la iglesia no solo era concebida como una institución importante, sino como un efectivo poder de facto con una importante influencia política. El Poder Judicial y los políticos son percibidos como los menos influyentes en el ejercicio del poder en nuestra región. Además, los poderes formales son percibidos como de menor valía en relación con este gran poder que representan los sectores económicos y financieros.
No parece ser una coincidencia que aquellos países con mejores indicadores sociales y políticos (Uruguay y Costa Rica) sean las democracias mas consolidadas de la región. Esto permite mostrarnos que un modelo basado en la igualdad (la democracia) será más difícil de cultivar y sostener en sociedades secularmente desiguales, con tendencia autoritaria y con un amplio margen de población desprovista de condiciones necesarias para una vida digna.
(1) PNUD y OEA (2010) Nuestra democracia. México: Fondo de Cultura Económica. Disponible en: http://www.pnud.org.pe/data/publicacion/PNUD-OEA_Nuestra_democracia.pdf (Última consulta: 24 de noviembre de 2010)
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